Vivimos en la paradoja de la hiperconexión. Podemos pagar un café con el reloj o ver el interior de nuestra casa desde la otra punta del mundo, pero si sufrimos un accidente en una comunidad autónoma distinta a la nuestra, o si pasamos de una consulta privada a una urgencia pública, a menudo volvemos al siglo XX: somos nosotros quienes debemos narrar nuestro historial médico, carpeta de informes en mano, confiando en no olvidar ningún detalle vital.
La implementación de una Historia Clínica Universal e interoperable en España no es ya una aspiración tecnológica, sino una urgencia sanitaria y un derecho del paciente. El modelo actual, fragmentado en 17 sistemas autonómicos que a duras penas se comunican entre sí, y separado por un muro casi infranqueable entre la sanidad pública y la privada, es ineficiente y peligroso.
Esta desconexión provoca la duplicidad de pruebas —con el consiguiente gasto innecesario y la exposición radiológica extra para el paciente—, retrasos en los diagnósticos y riesgos evitables por interacciones medicamentosas desconocidas para el facultativo de turno.
Se ha visto recientemente, a raíz de los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía, cómo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) se han resistido a compartir los datos estadísticos sobre éste y otros cribados con el Ministerio de Sanidad, aduciendo una supuesta “utilización política” de las cifras por parte del Gobierno de España. Al final se ha impuesto la sensatez y la indispensable lealtad institucional y parece que los datos solicitados acabarán siendo compartidos.
Pero el conflicto ha evidenciado, como ha ocurrido con el registro de médicos objetores a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, que el “sentido común” del que tanto alardea la derecha lo entiende de una manera muy subjetiva, sesgada e interesada.
El dato clave aquí es la interoperabilidad. No se trata de crear una única base de datos gigante, sino de establecer un idioma común que permita a los sistemas de salud "hablarse". Los datos de salud no pertenecen al hospital, ni a la aseguradora, ni al servicio regional de salud: pertenecen al paciente. Y ese dato debe viajar con él, allí donde necesite asistencia.
Europa ya nos está marcando el camino. La Unión Europea avanza con determinación hacia el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, con el objetivo de que un ciudadano español pueda ser atendido en Berlín o París con acceso inmediato a sus antecedentes, alergias o tratamientos.
Sin embargo, resulta incoherente aspirar a esta integración continental si primero no somos capaces de resolver la integración doméstica. ¿Cómo vamos a compartir datos con Finlandia si a veces no fluyen entre un hospital privado y uno público de la misma ciudad?
España, pionera en trasplantes y referente en Atención Primaria, no puede quedarse atrás en la gestión del dato. La tecnología existe: lo que falta es la voluntad política y empresarial para derribar los compartimentos estancos de información. Una historia clínica única, que integre lo público y lo privado bajo estrictos estándares de seguridad, no solo salvará recursos, sino lo más importante: salvará vidas.
La implementación de una Historia Clínica Universal e interoperable en España no es ya una aspiración tecnológica, sino una urgencia sanitaria y un derecho del paciente. El modelo actual, fragmentado en 17 sistemas autonómicos que a duras penas se comunican entre sí, y separado por un muro casi infranqueable entre la sanidad pública y la privada, es ineficiente y peligroso.
Esta desconexión provoca la duplicidad de pruebas —con el consiguiente gasto innecesario y la exposición radiológica extra para el paciente—, retrasos en los diagnósticos y riesgos evitables por interacciones medicamentosas desconocidas para el facultativo de turno.
Se ha visto recientemente, a raíz de los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía, cómo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) se han resistido a compartir los datos estadísticos sobre éste y otros cribados con el Ministerio de Sanidad, aduciendo una supuesta “utilización política” de las cifras por parte del Gobierno de España. Al final se ha impuesto la sensatez y la indispensable lealtad institucional y parece que los datos solicitados acabarán siendo compartidos.
Pero el conflicto ha evidenciado, como ha ocurrido con el registro de médicos objetores a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, que el “sentido común” del que tanto alardea la derecha lo entiende de una manera muy subjetiva, sesgada e interesada.
El dato clave aquí es la interoperabilidad. No se trata de crear una única base de datos gigante, sino de establecer un idioma común que permita a los sistemas de salud "hablarse". Los datos de salud no pertenecen al hospital, ni a la aseguradora, ni al servicio regional de salud: pertenecen al paciente. Y ese dato debe viajar con él, allí donde necesite asistencia.
Europa ya nos está marcando el camino. La Unión Europea avanza con determinación hacia el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, con el objetivo de que un ciudadano español pueda ser atendido en Berlín o París con acceso inmediato a sus antecedentes, alergias o tratamientos.
Sin embargo, resulta incoherente aspirar a esta integración continental si primero no somos capaces de resolver la integración doméstica. ¿Cómo vamos a compartir datos con Finlandia si a veces no fluyen entre un hospital privado y uno público de la misma ciudad?
España, pionera en trasplantes y referente en Atención Primaria, no puede quedarse atrás en la gestión del dato. La tecnología existe: lo que falta es la voluntad política y empresarial para derribar los compartimentos estancos de información. Una historia clínica única, que integre lo público y lo privado bajo estrictos estándares de seguridad, no solo salvará recursos, sino lo más importante: salvará vidas.
ÁNGEL FERNÁNDEZ MILLÁN
ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR
ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR
