La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Córdoba ha reclamado a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la actualización "con carácter de urgencia" de los precios de aseguramiento que se aplican en la línea 312 del Plan de Seguros Agrarios Combinados, destinada a la uva de vinificación.
La organización agraria denuncia que las tablas oficiales que fijan los precios de referencia para el cálculo de indemnizaciones “no reflejan la realidad de los mercados ni los costes reales de producción que afrontan las explotaciones andaluzas”.
En la práctica, esta situación provoca —según UPA Córdoba— que muchos viticultores reciban indemnizaciones “manifiestamente insuficientes” tras sufrir un siniestro. La organización explica que, técnicamente, las normas de la línea 312 establecen que el importe indemnizable se calcula aplicando al rendimiento declarado el precio de aseguramiento fijado para la Denominación de Origen o, en su defecto, los precios máximos y mínimos publicados en los anexos oficiales. Es decir, si esos precios están desfasados respecto al mercado, las compensaciones no reflejan el valor real de la producción perdida.
En ese sentido, desde UPA Córdoba se ha constatado que en numerosas comarcas andaluzas el precio aplicado para el cálculo de las indemnizaciones resulta muy inferior al que se paga actualmente en los mercados o al coste real de producción por kilo de uva.
Los observatorios regionales y distintos estudios sectoriales, según expone la organización, muestran cifras que superan ampliamente las que se están aplicando. El resultado es que, cuando llega un siniestro, el agricultor recibe una cantidad que “no le permite afrontar la reposición o compensar la pérdida real de renta”.
El ejemplo más claro se encuentra en la uva de la variedad Pedro Ximénez, la autóctona de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, donde los precios de indemnización se sitúan actualmente entre 0,37 y 0,48 euros por kilo, dependiendo de las prácticas culturales aplicadas. Sin embargo, las liquidaciones en origen que reciben los agricultores por esa misma uva alcanzan en muchos casos los 0,90 euros por kilo, una diferencia que evidencia el desfase entre el sistema de seguros y el mercado real.
El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, consideró “inaceptable que un instrumento diseñado para proteger la renta agraria se convierta en un mero trámite administrativo que, por falta de adecuación de los precios de aseguramiento, deja a los productores desprotegidos”. En su opinión, el objetivo del seguro agrario “debe ser garantizar la estabilidad de las explotaciones, no generar frustración entre quienes confían en él para proteger su trabajo y su sustento”.
Por ello, Moreno afirmó que “a la vista de la evidencia técnica y económica, exigimos a ENESA y al MAPA la revisión urgente de los precios de aseguramiento de la línea 312, y la implementación de un mecanismo de indexación automática que vincule anualmente los precios de aseguramiento a precios medios en origen publicados por las Comunidades Autónomas y MAPA, y/o un índice de costes de producción del sector vitivinícola”. Según defendió, esta medida “evitaría desfases injustificables entre mercado y aseguramiento”.
UPA Córdoba recordó además que la sostenibilidad del seguro agrario exige un equilibrio entre la solvencia del sistema —que depende de las subvenciones, las primas y la capacidad técnica de las aseguradoras— y una protección efectiva de los agricultores. Sin embargo, advirtió que “ese equilibrio no se puede alcanzar a costa de que el agricultor reciba indemnizaciones insuficientes”.
El secretario general manifestó que “es inaceptable que, tras un siniestro, el agricultor cobre un importe que no cubre ni los costes de producción ni el precio al que puede vender su uva”. Por ello, recalcó la responsabilidad técnica y legal de ENESA “de que las tablas de precios respondan a la realidad”. Además, urgió a que “se acometa la revisión y se abra un diálogo real con las organizaciones profesionales agrarias”.
En esa línea, Moreno detalló que UPA Córdoba se pone “a disposición de ENESA, del MAPA, de Agroseguro y de la Consejería de Agricultura para participar en grupos de trabajo técnicos que definan los criterios objetivos y verificables para la actualización de estos precios”.
Desde la organización agraria se insistió en que los pagos masivos realizados por el sector asegurador en la línea de uva de vinificación ponen de manifiesto la enorme trascendencia económica del riesgo vitícola y la necesidad de que las indemnizaciones reflejen con fidelidad la realidad del mercado. Solo así —concluyeron— se podrá garantizar un seguro agrario justo, equilibrado y verdaderamente útil para el campo andaluz.
La organización agraria denuncia que las tablas oficiales que fijan los precios de referencia para el cálculo de indemnizaciones “no reflejan la realidad de los mercados ni los costes reales de producción que afrontan las explotaciones andaluzas”.
En la práctica, esta situación provoca —según UPA Córdoba— que muchos viticultores reciban indemnizaciones “manifiestamente insuficientes” tras sufrir un siniestro. La organización explica que, técnicamente, las normas de la línea 312 establecen que el importe indemnizable se calcula aplicando al rendimiento declarado el precio de aseguramiento fijado para la Denominación de Origen o, en su defecto, los precios máximos y mínimos publicados en los anexos oficiales. Es decir, si esos precios están desfasados respecto al mercado, las compensaciones no reflejan el valor real de la producción perdida.
En ese sentido, desde UPA Córdoba se ha constatado que en numerosas comarcas andaluzas el precio aplicado para el cálculo de las indemnizaciones resulta muy inferior al que se paga actualmente en los mercados o al coste real de producción por kilo de uva.
Los observatorios regionales y distintos estudios sectoriales, según expone la organización, muestran cifras que superan ampliamente las que se están aplicando. El resultado es que, cuando llega un siniestro, el agricultor recibe una cantidad que “no le permite afrontar la reposición o compensar la pérdida real de renta”.
El ejemplo más claro se encuentra en la uva de la variedad Pedro Ximénez, la autóctona de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, donde los precios de indemnización se sitúan actualmente entre 0,37 y 0,48 euros por kilo, dependiendo de las prácticas culturales aplicadas. Sin embargo, las liquidaciones en origen que reciben los agricultores por esa misma uva alcanzan en muchos casos los 0,90 euros por kilo, una diferencia que evidencia el desfase entre el sistema de seguros y el mercado real.
El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, consideró “inaceptable que un instrumento diseñado para proteger la renta agraria se convierta en un mero trámite administrativo que, por falta de adecuación de los precios de aseguramiento, deja a los productores desprotegidos”. En su opinión, el objetivo del seguro agrario “debe ser garantizar la estabilidad de las explotaciones, no generar frustración entre quienes confían en él para proteger su trabajo y su sustento”.
Por ello, Moreno afirmó que “a la vista de la evidencia técnica y económica, exigimos a ENESA y al MAPA la revisión urgente de los precios de aseguramiento de la línea 312, y la implementación de un mecanismo de indexación automática que vincule anualmente los precios de aseguramiento a precios medios en origen publicados por las Comunidades Autónomas y MAPA, y/o un índice de costes de producción del sector vitivinícola”. Según defendió, esta medida “evitaría desfases injustificables entre mercado y aseguramiento”.
UPA Córdoba recordó además que la sostenibilidad del seguro agrario exige un equilibrio entre la solvencia del sistema —que depende de las subvenciones, las primas y la capacidad técnica de las aseguradoras— y una protección efectiva de los agricultores. Sin embargo, advirtió que “ese equilibrio no se puede alcanzar a costa de que el agricultor reciba indemnizaciones insuficientes”.
El secretario general manifestó que “es inaceptable que, tras un siniestro, el agricultor cobre un importe que no cubre ni los costes de producción ni el precio al que puede vender su uva”. Por ello, recalcó la responsabilidad técnica y legal de ENESA “de que las tablas de precios respondan a la realidad”. Además, urgió a que “se acometa la revisión y se abra un diálogo real con las organizaciones profesionales agrarias”.
En esa línea, Moreno detalló que UPA Córdoba se pone “a disposición de ENESA, del MAPA, de Agroseguro y de la Consejería de Agricultura para participar en grupos de trabajo técnicos que definan los criterios objetivos y verificables para la actualización de estos precios”.
Desde la organización agraria se insistió en que los pagos masivos realizados por el sector asegurador en la línea de uva de vinificación ponen de manifiesto la enorme trascendencia económica del riesgo vitícola y la necesidad de que las indemnizaciones reflejen con fidelidad la realidad del mercado. Solo así —concluyeron— se podrá garantizar un seguro agrario justo, equilibrado y verdaderamente útil para el campo andaluz.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
