Que el ecosistema informativo ha de reconfigurar su organización y modelo operativo es una sentencia ampliamente compartida por la profesión y el sector desde hace tiempo. La automatización iniciada en muchas redacciones ha llegado para quedarse y revolucionar, disruptivamente, las formas del oficio, como antaño el ordenador —lean a Anthony Smith— vino a alterar el proceso de producción de información tanto artesanal como industrializado.
La IA no es, en suma, como estamos viendo, un fenómeno coyuntural ni secundario. La propia cobertura del secuestro del presidente Maduro ilustra la importancia que adquiere, en la instrumentalización bélica de la propaganda, la producción de imágenes y textos ex profeso.
Nuestras democracias y la propia economía de medios están inexorablemente emplazadas a pensar y definir qué hacer y sobre todo cómo organizar el sistema informativo ante este panorama futurista de la hipermediatización. Los efectos de la implementación irreflexiva de la IA así lo aconseja cuando se extienden los procesos de desinformación, sesgos, opacidades, inseguridad, dependencia y manipulación de la audiencia y de los propios periodistas.
En este horizonte, las empresas periodísticas han de impulsar institucionalmente la I+D+i, desarrollar laboratorios de experimentación, impulsar la accesibilidad y control interno, la dialogía de cocreación con el público, la exploración de nuevos formatos.
Y el legislador regular en defensa de los derechos de transparencia, autonomía y formación de la ciudadanía. Más allá de la ética y deontología profesional, es necesaria la implementación de normas que den certidumbre, garantías jurídicas sobre usos, desarrollos y estándares técnicos. En juego está la redefinición de la relación periodistas/medios y audiencia y la organización equilibrada de la estructura de la información.
Existen, de facto, ya varias propuestas de regulación frente al aceleracionismo tecnológico que buscan equilibrar la innovación y el control social, los riesgos sistémicos y el trabajo artesanal frente a las amenazas de la Inteligencia Artificial generativa.
La UE ha sido la primera definir, a nivel mundial, un marco general de adaptación de la IA a la economía de la comunicación y los mundos de vida, en términos incluso de ciberseguridad. Aunque España no ha avanzado en la adaptación del Reglamento Europeo, comunidades autónomas vienen desarrollando iniciativas como el Programa de Aceleración de ZIUR en Guipúzcoa para adecuar las empresas tecnológicas en materia de ciberseguridad.
Las auditorías, evaluación continua y verificación de contenidos va a ser una norma común en todas las empresas de producción de contenidos, esperemos que obligatoriamente, o el peligro es debilitar la confianza en nuestros sistemas de representación no tendrá camino de vuelta.
Lo hemos visto con la proliferación de los charlatanes de feria —autodenominados sospechosamente, influencers— en la red. Son, sin embargo, escasos los proyectos dirigidos a la ciudadanía digital, las propuestas orientadas a reducir las brechas tecnológicas y cognitivas que determinan la desigualdad en el acceso incluso a recursos básicos como los procedimientos de la Administración pública.
No hablamos de simple transferencia tecnológica que el ministerio de Oscar López lo ha hecho con creces, si pensamos en la pequeña y mediana empresa y en el sector de la comunicación, sino fundamentalmente de los derechos digitales. Precisamos urgentemente marcos regulatorios que ponderen los impactos sociales, los efectos cognitivos y medioambientales del entorno o ecosistema cultural por los que grandes corporaciones como Google y sus agregadores de noticias socavan aún más el principio de pluralismo interno y la diversidad de contenidos, enfoques y conocimientos en la galaxia Internet.
El control democrático y la reapropiación social de herramientas como la IA no se garantizan con programas formativos como el proyecto HAZ de RTVE PLAY. Es preciso diseñar plataformas digitales de dominio público y procesos y dispositivos de fiscalización democrática del proceso de automatización hoy por hoy dominado por las grandes big tech.
La comunicación es un bien común y, en consecuencia, todo proceso informativo debe ser objeto de deliberación, intervención y escrutinio público por la sociedad civil y el Estado, si hemos de garantizar la transparencia algorítmica frente a la actual concentración de datos en manos de los GAFAM.
Un periodismo sin directrices para la implementación socialmente responsable de los nuevos sistemas expertos de IA generativa es dar vía a una política de vulneración sistemática de los derechos humanos y las libertades públicas.
Existen, bien es cierto, buenas prácticas de adaptación y desarrollo de las nuevas herramientas de automatización para hacer sostenible financieramente los medios periodísticos, cada día más dependientes de las grandes plataformas de Silicon Valley, pero falta estrategia, política de Estado y voluntad transformadora tanto de los actores clave del sector comunicacional como de los Estados miembros de la UE.
Un reciente informe del Consejo de Europa revela que, pese a la oportunidad de nuevas fuentes de ingresos para una mayor autonomía informativa, tal y como establece el Reglamento de Libertad de Medios recientemente aprobado, la innovación y adaptabilidad de la industria periodística es más bien baja, los esfuerzos de capacitación de los profesionales en la actualización de sus competencias ante los nuevos modelos de negocio irrelevante, y la colaboración en red con otros actores y la propia audiencia prácticamente inexistente. Prevalece una concepción decimonónica de autorregulación —en el mejor de los casos, cierta transparencia sobre usos de imágenes de IA y donaciones—. Y poco más.
El resultado, como pueden imaginar, es el que conocen: un periodismo atlantista propio del clima de guerra fría, rehén de las corporaciones que nos han declarado enemigos, con discursos sobre el peligro del oso de Moscú mientras Trump somete a medios autóctonos, periodistas estadounidenses y cadenas de distribución a la versión rancia y chata de la Casa Blanca.
En lugar de un periodismo de excelencia, el periodismo que viene se asemeja más a un trasunto de la prensa amarilla y de partido, preindustrial, propagadora de bulos, montajes y falsas noticias que se traducen en campañas de linchamiento mediático y sabotaje de las instituciones democráticas.
La potencia de esta deriva ha alcanzado tal grado que ha penetrado incluso la propia Comisión Europea y nuestro sistema mediático desde principios del presente siglo. El alud de programas, reportajes, espacios y redes de desinformación es tan intensivo que para secuestrar a un presidente electo no precisan siquiera mentir: basta con enarbolar el poderío del Pentágono en forma de guerra de las galaxias. El imperio siempre ataca dos veces.
Hay quien argumenta que vivimos una situación semejante a la guerra sucia de Reagan contra Nicaragua. Quizás nunca dejamos de estar en ese tiempo informativo de las operaciones encubiertas. Mientras nos asustan en Europa con la amenaza de Putin y sus actuaciones entre bambalinas con la ciberguerra, la campaña de Trump y el muro de Wall Street avanza posiciones y somete a Europa a la humillación, la dependencia y la irrelevancia a todos los niveles y en todos los frentes culturales —el informativo, desde luego—, con cipayos incluso pidiendo en redes que nos invadan.
Periodismo lo llaman. Guerra cultural, dicen otros. El caso es que la CIA y los GAFAM nos han convertido en protectorado y van camino de colonizar definitivamente el oficio según el modelo Fox News. No tenemos tiempo en esta columna de una anatomía del cercamiento informativo que sufre el periodismo patrio, pero sí señalar que la excepción es la regla de la norma comunicacional trumpista.
En términos de Brecht, estamos padeciendo severas restricciones en forma de capitalismo de vigilancia, normas SLAPP, mediawfare y la escalada militar que nos ha convertido en un triste protectorado de las inequidades imperiales. En este espectáculo circense de la guerra en directo, el secreto oficial es la cultura informativa dominante y la razón de seguridad nacional el libro de estilo con el que se quiere evitar veleidades a los Assange.
No lo lograrán. El cerco de poder financiero, instituciones judiciales y capitalismo de plataformas nunca podrá impedir el derecho a saber del público ni la entrega heroica de periodistas que saben que el mejor oficio del mundo consiste en trabajar por el bien común: los Derechos Humanos y las libertades públicas.
La IA no es, en suma, como estamos viendo, un fenómeno coyuntural ni secundario. La propia cobertura del secuestro del presidente Maduro ilustra la importancia que adquiere, en la instrumentalización bélica de la propaganda, la producción de imágenes y textos ex profeso.
Nuestras democracias y la propia economía de medios están inexorablemente emplazadas a pensar y definir qué hacer y sobre todo cómo organizar el sistema informativo ante este panorama futurista de la hipermediatización. Los efectos de la implementación irreflexiva de la IA así lo aconseja cuando se extienden los procesos de desinformación, sesgos, opacidades, inseguridad, dependencia y manipulación de la audiencia y de los propios periodistas.
En este horizonte, las empresas periodísticas han de impulsar institucionalmente la I+D+i, desarrollar laboratorios de experimentación, impulsar la accesibilidad y control interno, la dialogía de cocreación con el público, la exploración de nuevos formatos.
Y el legislador regular en defensa de los derechos de transparencia, autonomía y formación de la ciudadanía. Más allá de la ética y deontología profesional, es necesaria la implementación de normas que den certidumbre, garantías jurídicas sobre usos, desarrollos y estándares técnicos. En juego está la redefinición de la relación periodistas/medios y audiencia y la organización equilibrada de la estructura de la información.
Existen, de facto, ya varias propuestas de regulación frente al aceleracionismo tecnológico que buscan equilibrar la innovación y el control social, los riesgos sistémicos y el trabajo artesanal frente a las amenazas de la Inteligencia Artificial generativa.
La UE ha sido la primera definir, a nivel mundial, un marco general de adaptación de la IA a la economía de la comunicación y los mundos de vida, en términos incluso de ciberseguridad. Aunque España no ha avanzado en la adaptación del Reglamento Europeo, comunidades autónomas vienen desarrollando iniciativas como el Programa de Aceleración de ZIUR en Guipúzcoa para adecuar las empresas tecnológicas en materia de ciberseguridad.
Las auditorías, evaluación continua y verificación de contenidos va a ser una norma común en todas las empresas de producción de contenidos, esperemos que obligatoriamente, o el peligro es debilitar la confianza en nuestros sistemas de representación no tendrá camino de vuelta.
Lo hemos visto con la proliferación de los charlatanes de feria —autodenominados sospechosamente, influencers— en la red. Son, sin embargo, escasos los proyectos dirigidos a la ciudadanía digital, las propuestas orientadas a reducir las brechas tecnológicas y cognitivas que determinan la desigualdad en el acceso incluso a recursos básicos como los procedimientos de la Administración pública.
No hablamos de simple transferencia tecnológica que el ministerio de Oscar López lo ha hecho con creces, si pensamos en la pequeña y mediana empresa y en el sector de la comunicación, sino fundamentalmente de los derechos digitales. Precisamos urgentemente marcos regulatorios que ponderen los impactos sociales, los efectos cognitivos y medioambientales del entorno o ecosistema cultural por los que grandes corporaciones como Google y sus agregadores de noticias socavan aún más el principio de pluralismo interno y la diversidad de contenidos, enfoques y conocimientos en la galaxia Internet.
El control democrático y la reapropiación social de herramientas como la IA no se garantizan con programas formativos como el proyecto HAZ de RTVE PLAY. Es preciso diseñar plataformas digitales de dominio público y procesos y dispositivos de fiscalización democrática del proceso de automatización hoy por hoy dominado por las grandes big tech.
La comunicación es un bien común y, en consecuencia, todo proceso informativo debe ser objeto de deliberación, intervención y escrutinio público por la sociedad civil y el Estado, si hemos de garantizar la transparencia algorítmica frente a la actual concentración de datos en manos de los GAFAM.
Un periodismo sin directrices para la implementación socialmente responsable de los nuevos sistemas expertos de IA generativa es dar vía a una política de vulneración sistemática de los derechos humanos y las libertades públicas.
Existen, bien es cierto, buenas prácticas de adaptación y desarrollo de las nuevas herramientas de automatización para hacer sostenible financieramente los medios periodísticos, cada día más dependientes de las grandes plataformas de Silicon Valley, pero falta estrategia, política de Estado y voluntad transformadora tanto de los actores clave del sector comunicacional como de los Estados miembros de la UE.
Un reciente informe del Consejo de Europa revela que, pese a la oportunidad de nuevas fuentes de ingresos para una mayor autonomía informativa, tal y como establece el Reglamento de Libertad de Medios recientemente aprobado, la innovación y adaptabilidad de la industria periodística es más bien baja, los esfuerzos de capacitación de los profesionales en la actualización de sus competencias ante los nuevos modelos de negocio irrelevante, y la colaboración en red con otros actores y la propia audiencia prácticamente inexistente. Prevalece una concepción decimonónica de autorregulación —en el mejor de los casos, cierta transparencia sobre usos de imágenes de IA y donaciones—. Y poco más.
El resultado, como pueden imaginar, es el que conocen: un periodismo atlantista propio del clima de guerra fría, rehén de las corporaciones que nos han declarado enemigos, con discursos sobre el peligro del oso de Moscú mientras Trump somete a medios autóctonos, periodistas estadounidenses y cadenas de distribución a la versión rancia y chata de la Casa Blanca.
En lugar de un periodismo de excelencia, el periodismo que viene se asemeja más a un trasunto de la prensa amarilla y de partido, preindustrial, propagadora de bulos, montajes y falsas noticias que se traducen en campañas de linchamiento mediático y sabotaje de las instituciones democráticas.
La potencia de esta deriva ha alcanzado tal grado que ha penetrado incluso la propia Comisión Europea y nuestro sistema mediático desde principios del presente siglo. El alud de programas, reportajes, espacios y redes de desinformación es tan intensivo que para secuestrar a un presidente electo no precisan siquiera mentir: basta con enarbolar el poderío del Pentágono en forma de guerra de las galaxias. El imperio siempre ataca dos veces.
Hay quien argumenta que vivimos una situación semejante a la guerra sucia de Reagan contra Nicaragua. Quizás nunca dejamos de estar en ese tiempo informativo de las operaciones encubiertas. Mientras nos asustan en Europa con la amenaza de Putin y sus actuaciones entre bambalinas con la ciberguerra, la campaña de Trump y el muro de Wall Street avanza posiciones y somete a Europa a la humillación, la dependencia y la irrelevancia a todos los niveles y en todos los frentes culturales —el informativo, desde luego—, con cipayos incluso pidiendo en redes que nos invadan.
Periodismo lo llaman. Guerra cultural, dicen otros. El caso es que la CIA y los GAFAM nos han convertido en protectorado y van camino de colonizar definitivamente el oficio según el modelo Fox News. No tenemos tiempo en esta columna de una anatomía del cercamiento informativo que sufre el periodismo patrio, pero sí señalar que la excepción es la regla de la norma comunicacional trumpista.
En términos de Brecht, estamos padeciendo severas restricciones en forma de capitalismo de vigilancia, normas SLAPP, mediawfare y la escalada militar que nos ha convertido en un triste protectorado de las inequidades imperiales. En este espectáculo circense de la guerra en directo, el secreto oficial es la cultura informativa dominante y la razón de seguridad nacional el libro de estilo con el que se quiere evitar veleidades a los Assange.
No lo lograrán. El cerco de poder financiero, instituciones judiciales y capitalismo de plataformas nunca podrá impedir el derecho a saber del público ni la entrega heroica de periodistas que saben que el mejor oficio del mundo consiste en trabajar por el bien común: los Derechos Humanos y las libertades públicas.
FRANCISCO SIERRA CABALLERO
ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR
ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR
